En menos de un año, la conversación sobre menores y redes sociales pasó del debate parlamentario a la ley vigente. Australia estrenó la prohibición más estricta del mundo, la Unión Europea puso fecha a la verificación de edad obligatoria, Reino Unido y Francia siguieron el camino, y en Estados Unidos un acuerdo judicial acaba de obligar a Meta a rehacer cómo funcionan Instagram y Facebook para los adolescentes.

Australia fue primera, y por eso es el laboratorio que todos miran. Su ley entró en vigor en diciembre de 2025 y prohibió a los menores de 16 años tener cuenta en Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick, con multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos —unos 32 millones de dólares— para las plataformas que no la cumplan. La responsabilidad recae enteramente en las empresas, no en las familias ni en los menores.

El primer termómetro riguroso llegó el 24 de junio de 2026, y el resultado incomodó a casi todos. Un estudio publicado en el British Medical Journal, con diseño de regresión discontinua que compara a adolescentes justo por debajo y por encima del umbral, encontró que los hábitos apenas cambiaron. Las variaciones fueron marginales entre los de 12 y 13 años, hubo una leve disminución entre los de 14 y 15, y el uso incluso aumentó entre los mayores de 16, ya fuera del alcance de la norma. Los investigadores describieron el periodo posterior a la ley como uno de implementación limitada, cumplimiento incompleto y elusión significativa.

Los caminos de elusión resultaron previsibles: cuentas con fecha de nacimiento falsa, perfiles de familiares adultos, VPN para conectarse desde servidores fuera del país y migración a plataformas más pequeñas que la ley no contempla —y que suelen estar menos moderadas—. El regulador australiano, el eSafety Commissioner, ha pedido prudencia: evaluará la implementación durante al menos dos años y recuerda que estos son datos de cumplimiento temprano, tomados tres meses después de la entrada en vigor, no un veredicto sobre el bienestar infantil.

Europa eligió otra estrategia: en lugar de prohibir, verificar. Las directrices del artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales exigen a las plataformas medidas proporcionales al riesgo: cuentas de menores privadas por defecto, sistemas de garantía de edad precisos y no intrusivos, y límites al diseño adictivo. La pieza técnica es una aplicación europea de verificación de edad, disponible desde el 15 de abril de 2026, que los Estados miembros deben desplegar antes del 31 de diciembre de 2026.

El diseño de esa app es lo más interesante del enfoque europeo. El usuario la configura una vez con su pasaporte o documento de identidad, y a partir de ahí la plataforma recibe únicamente una confirmación de si supera o no el umbral de edad —sin fecha de nacimiento, sin nombre, sin acceso al documento—. Es gratuita, funciona en cualquier dispositivo y será interoperable con la cartera de identidad digital europea. Aplica los principios de minimización de datos y privacidad desde el diseño del RGPD, y busca resolver la objeción más obvia a la verificación de edad: que obligue a identificarse a todo el mundo.

Alrededor de ese marco común, los países avanzan por su cuenta y más rápido. Francia se convirtió en julio de 2026 en el primer país europeo en prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años. Reino Unido —fuera de la UE pero con su propia Online Safety Act— confirmó en junio una restricción para menores de 16 que el primer ministro Keir Starmer presentó como cambio de época: el plan se llama internamente «Australia Plus», incluye funciones sociales de videojuegos como Roblox, y se aprobaría antes de terminar 2026 para entrar en vigor entre marzo y junio de 2027. España, Alemania y Grecia preparan normas similares. La Comisión, mientras tanto, abrió procedimiento contra Meta por presuntos fallos para impedir que menores de 13 años usen Instagram y Facebook.

Estados Unidos es el caso opuesto: mucha regulación, ninguna federal. A agosto de 2026 no existe una ley nacional de verificación de edad. Lo que hay es un mosaico de unos 25 estados con normas aprobadas o en trámite, cada una distinta, que las plataformas deben cumplir en paralelo. El punto de apoyo jurídico es la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de junio de 2025 en Free Speech Coalition v. Paxton, que confirmó el derecho de Texas a exigir verificación de edad para contenido para adultos. No habla de redes sociales, pero abrió la puerta.

Los enfoques estatales van por dos vías. Una ataca la tienda de aplicaciones: Utah, Luisiana, Texas y Alabama —esta última en febrero de 2026— obligan a Apple y Google a verificar la edad y pedir consentimiento parental antes de cada descarga. La otra ataca el diseño del producto: la SAFE for Kids Act de Nueva York, cuyo reglamento final se publicó el 28 de julio de 2026 y entra en vigor el 25 de enero de 2027, obligará a verificar la edad antes de mostrar feeds algorítmicos o enviar notificaciones de madrugada, y admite tecnología de prueba de conocimiento cero para no exponer datos personales.

En el Congreso, KOSA pasó el Senado en 2024 y murió en la Cámara. El 29 de junio de 2026 la Cámara aprobó por 267 votos contra 117 el KIDS Act, un paquete más amplio que abandona el estándar de «deber de cuidado» de KOSA y se apoya casi por completo en la verificación de edad: obliga a las plataformas a juzgar si un usuario es «más probablemente que no» un menor. Su camino en el Senado es incierto. La Electronic Frontier Foundation advierte que ese estándar de negligencia empujaría a las plataformas a pedir documento de identidad o análisis facial a todos los usuarios, no solo a los sospechosos de ser menores.

Y entonces, el 26 de agosto, llegó el golpe más grande —y no vino de un parlamento, sino de un tribunal—. Meta propuso un acuerdo con 52 fiscales generales bipartidistas de estados, territorios y el Distrito de Columbia para cerrar las demandas por adicción adolescente: unos 17,000 millones de dólares pagados en cuotas anuales durante diez años, más cambios obligatorios en Facebook e Instagram con vigencia de una década. El acuerdo aún necesita aprobación judicial y Meta no admite haber actuado indebidamente.

Los cambios son concretos y profundos: límite de dos horas diarias por defecto para adolescentes —ampliable solo con permiso parental—, bloqueo de las apps de medianoche a 6 de la mañana, silencio de notificaciones de 22:00 a 7:00 y durante el horario escolar, avisos cada 15 minutos de uso continuo, ocultamiento del recuento público de «me gusta» en cuentas de menores, eliminación de los filtros de belleza vinculados a procedimientos estéticos, opción de desactivar los feeds algorítmicos y verificación de edad reforzada con análisis visual por IA. La mensajería directa queda fuera de las restricciones, para que los adolescentes puedan seguir hablando con familia y amigos.

El detalle más revelador está en la letra pequeña: de los 17,000 millones, unos 12,700 van a los estados y los 5,300 restantes solo se liberan si TikTok y YouTube adoptan medidas equivalentes y aportan una cantidad similar. Si lo hacen, el límite diario de Meta baja de dos horas a una. Es una jugada calculada: Meta convirtió su sanción en presión sobre sus competidores, con un argumento difícil de rebatir —cuando a un adolescente se le pone un límite en una app, simplemente se pasa a otra—. La compañía también defiende que sean las tiendas de aplicaciones, y no cada plataforma, las que verifiquen la edad; es decir, que el costo y la responsabilidad recaigan en Apple y Google.

Debajo de toda esta ola hay tres tensiones que ninguna ley ha resuelto todavía. La primera es de privacidad: verificar la edad de los menores obliga, en la práctica, a verificar la de todos. El propio documento de consulta del Gobierno británico lo reconoce —imponer una edad mínima puede forzar también a los adultos a identificarse—, con el consiguiente aumento de costos y riesgo de filtraciones. La app europea intenta esquivar el problema con el mínimo dato posible, pero organizaciones como la Electronic Frontier Foundation advierten de un efecto acumulativo: hoy se justifica para proteger menores; mañana el mismo sistema puede extenderse a apuestas, contenidos para adultos o identificación generalizada en internet.

La segunda es de libertad de expresión. Dos adolescentes australianos ya demandaron alegando que la prohibición vulnera su derecho a la expresión política. Varias leyes estatales estadounidenses enfrentan impugnaciones por la Primera Enmienda. Y las medidas británicas han generado fricción diplomática con Washington. Algunas plataformas de contenido adulto han preferido bloquear el acceso desde Reino Unido antes que implementar verificación, lo que ilustra el riesgo de que la regulación fragmente internet por países.

La tercera es de eficacia, y es la más incómoda. Uttara Ananthakrishnan, profesora de la Universidad de Washington que ha investigado las cualidades adictivas de TikTok, recibió bien el acuerdo de Meta pero fue directa sobre su límite: hacer cumplir estas normas será muy difícil, porque un adolescente decidido usará una VPN o la cuenta de sus padres. A eso se suma el riesgo de desplazamiento —empujar a los menores hacia servicios menos regulados— y el llamado efecto precipicio: si a un joven se le prohibe todo hasta los 16 y después se le entrega el acceso completo sin transición, no está claro que llegue mejor preparado. Finlandia aparece citada como contraste: prohibir los teléfonos en las escuelas produjo mejoras medibles en concentración e interacción, con una intervención mucho más acotada.